Al inicio de la pandemia vimos como en muchos hospitales y maternidades se prohibió el acompañamiento en el parto, se decretó la separación rutinaria de recién nacidos y madres si había sospecha de infección por covid-19, se provocaron y aceleraron muchos partos, y en general se realizaron prácticas consideradas como violencia obstétrica en un contexto de miedo y desconocimiento sobre el coronavirus. Seguramente influyó mucho el hecho de que las primeras publicaciones sobre covid en el parto vinieran de China, un lugar donde las tasas de cesáreas están disparadas y las de lactancia materna por los suelos, y no parece que sean generalizados los cuidados centrados en la familia en las unidades de neonatología. Así en aquellos primeros estudios se hablaba de tasas de cesáreas de 92% o de separación madre bebé de catorce días tras el nacimiento. Afortunadamente, organismos como la OMS o el colegio británico de osbtetras y matronas enseguida publicaron guías que recomendaban todo lo contrario: permitir el acompañamiento en el parto con ciertas precauciones, no separar incluso cuando la madre tenía infección confirmada y favorecer la lactancia materna, entre otras.
No obstante, el daño ya estaba hecho, y durante estos meses hemos visto como estas prácticas lesivas e irrespetuosas con los derechos humanos de madres y recién nacidos se han seguido aplicando en muchos lugares de todo el mundo. De hecho así siguen, y hay embarazadas preocupadísimas y con miedo ante la perspectiva de ser dañadas en el parto o separadas de sus bebés sin causa médica alguna.
Ayer publicamos en el Journal of Sexual and Reproductive Health Matters el artículo «Covid-19 as a risk factor for obstetric violence» en el que Michelle Sadler (una de las máximas autoridades sobre antropología del parto y nacimiento), Gonzalo Leiva Rojas (matrón superimplicado en la mejora de la atención perinatal en Chile) y yo misma reflexionamos sobre todo ello.
“Desafortunadamente, tenemos una historia de décadas, incluso siglos, de prácticas biomédicas dañinas para el parto que no están basadas en evidencia y que han resultado difíciles de cambiar. El escenario tras el coronavirus nos recuerda la fragilidad de los avances en los derechos de estos grupos. En lugar de ser una respuesta efectiva a COVID-19, estas prácticas dañinas son una violación de los derechos humanos de las mujeres y una manifestación encubierta de discriminación estructural de género. La reacción actual en los derechos humanos de las mujeres durante el parto durante esta pandemia es un ejemplo perfecto de cuán poco se requiere para que los sistemas de salud infrinjan los derechos de las madres y sus bebés. Todavía tenemos que ver si estas prácticas nocivas serán o no de duración limitada, pero tememos una regresión en el logro de experiencias positivas de nacimiento para mujeres, recién nacidos y familias en todo el mundo”.
Sadler, Leiva & Olza, 2020.
El artículo completo está disponible online. Además, también ayer Gonzalo Leiva y yo conversamos sobre todo ello en este Instagram Live desde el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile. Ojalá todos estos esfuerzos sirvan para incrementar la conciencia y erradicar las malas prácticas en el parto y nacimiento.
3 comentarios en “Covid-19 como factor de riesgo de violencia obstétrica”
Me imagino a los jefes de obtetricia pensando: «… aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid…»
Pobres bebés y qué pena de experiencia para esas madres, muchas primerizas.
Los avances en lo referente a la violencia obstétrica se dan a pasos lentos y son borrados de un solo plumazo, triste.
Compartido… Fundamental la reflexion… Y seguir en la lucha. Gracias Ibone, como siempre…