En Latinoamérica cada vez son más las profesionales sanitarias (matronas, médicas, enfermeras) que se encuentran que en sus trabajos en clínicas de maternidad les toca atender a mujeres pobres que están gestando bebés para otros y otras personas que, tras el nacimiento, se llevarán a esos bebés casi siempre a países lejanos. Estas sanitarias se enfrentan a un dilema ético considerable: ofrecer una atención de calidad a mujeres que están siendo explotadas, en muchos casos sin tener toda la información sobre la situación en la que se encuentran, sabiendo que el bebé ha sido comprado desde antes del nacimiento.
La expresión gestación subrogada no es adecuada para describir este contexto de explotación reproductiva y de trata de seres humanos.
Comparto aquí el testimonio anónimo de una colega, psiquiatra perinatal en Colombia, que resulta sumamente esclarecedor de como es esta realidad, que no tiene nada que ver con la edulcorada versión que todavía pretenden vendernos los defensores de esta práctica. Los datos recientes estiman que en Colombia nacen cada año unos 8000 niños en contextos de subrogación.
Por mi trabajo como psiquiatra, atiendo con facilidad entre 10 y 20 mujeres en procesos de gestación subrogada cada mes, dependiendo de la época del año. Antes de comenzar a trabajar con esta población prácticamente no conocía el tema; lo había escuchado mencionar durante mi formación en psiquiatría, pero nunca me había enfrentado de manera directa a esta realidad.
Debo reconocer que, al inicio, experimenté un importante rechazo emocional hacia la gestación subrogada. Como psiquiatra tuve que hacer un esfuerzo consciente por sobreponerme a esa sensación para poder brindar una atención ética, respetuosa y lo más neutral posible. Mi opinión personal continúa siendo la misma, y considero que es compartida por varios integrantes del equipo clínico; sin embargo, la experiencia me ha permitido comprender este fenómeno con mayor profundidad y analizarlo desde una perspectiva mucho más objetiva.
En mi país, la gestación subrogada se desarrolla en un vacío jurídico. No existe una regulación específica que la legalice, pero tampoco una prohibición expresa. A pesar de los distintos intentos legislativos, las empresas han encontrado la manera de adaptarse a ese vacío normativo, especialmente en aspectos relacionados con la modalidad de los pagos y la estructura de los contratos.
Detrás de cada historia existe una realidad compleja. Según lo que he observado en mi práctica clínica y lo que me han relatado de manera reiterada numerosas pacientes, este sistema funciona como una red de múltiples empresas interconectadas. Generalmente, los padres genéticos establecen contacto con una agencia internacional que ofrece servicios de gestación subrogada. Posteriormente, esa agencia contrata organizaciones —muchas de ellas constituidas como «fundaciones»— encargadas de reclutar a las mujeres que participarán en el proceso.
Muchas de estas organizaciones cuentan con reclutadoras que previamente fueron madres subrogadas. Ellas reciben una comisión únicamente cuando logran que una mujer complete el proceso y la transferencia embrionaria resulte exitosa. Es precisamente en este primer eslabón donde, desde mi experiencia clínica, comienzan a aparecer múltiples situaciones preocupantes.
Las pacientes me han referido que estas convocatorias suelen difundirse mediante publicaciones en redes sociales, especialmente Facebook y TikTok, con anuncios del tipo: «Se busca mujer que desee ganar entre 15.000 y 18.000 dólares». Posteriormente, algunas reclutadoras las orientan sobre cómo responder las entrevistas médicas y psicológicas para aumentar las probabilidades de ser aceptadas. Varias pacientes me han manifestado haber recibido indicaciones para omitir antecedentes de complicaciones obstétricas, minimizar enfermedades previas o incluso modificar información relacionada con el número de embarazos, antecedentes personales o familiares e intervalos intergenésicos. Según ellas, esto ocurre porque la comisión de la reclutadora depende del éxito de la transferencia embrionaria y suele oscilar entre 1.000 y 3.000 dólares por cada proceso exitoso y también porque la mujer que subrogará su útero esta deseosa de poder ganar el dinero de la gestación subrogada.
Una vez la mujer ingresa al programa, la fundación se encarga de gestionar el contrato, la clínica de fertilidad y el resto del proceso. Un aspecto que me llamó profundamente la atención es que múltiples pacientes coinciden en señalar que el contrato definitivo únicamente se firma después de que la transferencia embrionaria ha resultado exitosa. Desconozco la razón jurídica de esta práctica; simplemente expongo aquello que ellas me han referido de manera reiterada.
También me han descrito diferencias importantes entre las condiciones explicadas inicialmente y las finalmente consignadas en el contrato. Entre ellas, la asunción de los riesgos médicos por parte de la gestante, modificaciones en los pagos dependiendo del desenlace del embarazo y cláusulas relacionadas con la obligación de entregar al recién nacido. Asimismo, varias pacientes me han referido que, si deciden desistir del proceso una vez iniciado el embarazo, deben devolver el dinero recibido y asumir una penalización económica por incumplimiento contractual.
La fundación también suele encargarse de contratar la clínica de fertilidad para realizar la fecundación in vitro, el equipo multidisciplinario que hará seguimiento al embarazo —habitualmente conformado por ginecoobstetras, psicólogos, trabajadores sociales y abogados—, así como los seguros médicos y de vida para la gestante, el seguro del recién nacido y los abogados especializados en derecho de familia que intervienen en los trámites posteriores al nacimiento.
Otro aspecto que me sorprendió al conocer este mundo fueron algunas de las decisiones reproductivas que, según el relato de varias pacientes, pueden llegar a presentarse durante el proceso. Por ejemplo, cuando un padre genético dispone de varios embriones viables, algunas pacientes me han referido que la transferencia embrionaria puede realizarse de manera simultánea en más de una madre subrogada. Posteriormente, una vez se confirma cuál de las gestaciones continuará, la otra puede ser interrumpida. Del mismo modo, cuando a una misma mujer se le transfieren varios embriones y más de uno implanta exitosamente, las pacientes describen que el padre genético puede decidir continuar con una gestación múltiple o solicitar una reducción embrionaria, siempre dentro del marco de las posibilidades médicas y legales existentes. Aquí me tomaré la libertad de citar a una de mis pacientes “Doctora de haber sabido que más mujeres estaban con embriones exitosos y que esos señores las obligarían a abortar por elegirme a mí, nunca lo hubiera hecho, me siento culpable, esto no es de Dios”.
Con frecuencia escucho un discurso según el cual la gestación subrogada constituye principalmente un acto altruista o de solidaridad. Incluso existen múltiples entrevistas y pódcast de mujeres que han participado en estos procesos y defienden esa postura. Sin embargo, la realidad que observo en mi práctica clínica suele ser diferente. La gran mayoría de las mujeres que atiendo llegan a estos programas impulsadas por una necesidad económica. Muchas son madres cabeza de hogar, mujeres desempleadas o con empleos muy precarios, en condiciones de vulnerabilidad social, y una proporción importante vive además situaciones de violencia de pareja.
En términos económicos, un proceso de gestación subrogada en Colombia puede costar aproximadamente entre 50.000 y 100.000 dólares estadounidenses, dependiendo de si el proceso es contratado directamente en el país o a través de agencias internacionales. De esa suma, las mujeres gestantes suelen recibir entre 13.000 y 18.000 dólares, aunque la modalidad de pago varía entre organizaciones.
Varias pacientes me han explicado que algunas fundaciones entregan aproximadamente la mitad del dinero de forma fraccionada durante el embarazo y el resto únicamente cuando el recién nacido nace vivo. Otras distribuyen el pago durante los nueve meses de gestación. Si ocurre un parto pretérmino, el pago suele ajustarse al tiempo efectivamente cursado del embarazo. Cuando la gestación debe interrumpirse por una urgencia obstétrica, algunas pacientes refieren que reciben el dinero pendiente; sin embargo, cuando la interrupción obedece a una decisión autónoma de la mujer, la situación cambia considerablemente. Aunque los contratos suelen reconocer el derecho de la gestante a decidir sobre su salud, varias pacientes me han manifestado que también incluyen cláusulas que contemplan posibles demandas por incumplimiento contractual cuando la interrupción no responde a una indicación médica o a una situación que comprometa de manera inminente su vida.
Como psiquiatra, probablemente el aspecto que más me ha impactado ha sido la salud mental de estas mujeres. Casi todas llegan con un discurso muy similar: «ese bebé no es mío», «no voy a generar ningún vínculo», «no tendré dificultad para entregarlo». Sin embargo, mi experiencia clínica durante el embarazo y, especialmente, en el posparto ha sido muy distinta.
He acompañado a mujeres profundamente devastadas tras el nacimiento. He visto cómo lloran desconsoladamente cuando se encuentran en un espacio terapéutico privado y cómo, en el momento en que otro profesional entra a la habitación, contienen inmediatamente el llanto y atribuyen su sufrimiento al dolor físico o a la preocupación por los hijos que dejaron en casa. Esa capacidad para ocultar el dolor emocional me ha llamado profundamente la atención.
De manera reiterada, varias pacientes también me han manifestado que los seguimientos psicológicos se orientan principalmente a favorecer la continuidad del embarazo y la entrega del recién nacido, más que a explorar de forma profunda su vivencia emocional. No puedo afirmar que esto ocurra en todos los programas, pero sí constituye un patrón que he escuchado repetidamente a lo largo de mi práctica clínica.
Algo similar ocurre con la violencia de género. Cuando durante la gestación se identifican situaciones de violencia física o psicológica que puedan poner en riesgo el embarazo, las pacientes describen que reciben apoyo e intervención. Sin embargo, muchas también relatan que, una vez finaliza el embarazo y entregan al recién nacido, el acompañamiento desaparece, aun cuando continúan viviendo en contextos de violencia.
Otro interrogante que me ha surgido como médica tiene que ver con las complicaciones obstétricas. ¿Qué ocurre cuando una madre subrogada presenta una hemorragia obstétrica masiva, un código rojo, una preeclampsia grave o incluso requiere una histerectomía para salvar su vida? Según lo que me han referido las pacientes y los contratos que algunas de ellas me han mostrado, las indemnizaciones suelen limitarse a situaciones muy específicas, como la muerte o una pérdida importante de la capacidad laboral. Muchas mujeres sienten que las secuelas físicas permanentes derivadas del embarazo no encuentran un reconocimiento proporcional, por lo que la gran mayoría pese a intentos legales en vano no logran una indemnización económica ni moral o psicológica.
También existen preguntas difíciles desde el punto de vista jurídico. ¿Qué ocurre si una madre subrogada decide que no quiere entregar al recién nacido? Según me han referido las pacientes, pueden iniciarse procesos judiciales en los que la filiación genética constituye uno de los principales elementos probatorios.
Pero también me he preguntado lo contrario: ¿qué sucede si son los padres genéticos quienes deciden no asumir al recién nacido, por ejemplo, ante una malformación congénita u otra circunstancia inesperada? Lamentablemente, conocí un caso durante mi ejercicio clínico en el que el padre genético abandonó completamente el proceso y el recién nacido quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fue una situación profundamente impactante para todo el equipo asistencial.
Me costó mucho escribir este comentario y separar, hasta donde me fue posible, mis emociones de mi ejercicio profesional. No pretendo convencer a nadie de una postura específica ni afirmar que todas las experiencias de gestación subrogada sean iguales. Comparto únicamente aquello que he observado repetirse de forma constante en mi práctica clínica y lo que numerosas pacientes me han relatado a lo largo de estos años.
Como psiquiatra, mi papel no consiste en juzgar las decisiones de estas mujeres, sino en acompañarlas. Intento ofrecer un espacio terapéutico seguro para que puedan elaborar un duelo que, en muchas ocasiones, termina siendo mucho más profundo de lo que ellas mismas imaginaron. Algunas logran resignificar esa experiencia; otras lloran intensamente la separación del recién nacido e incluso expresan arrepentimiento por la decisión tomada. Del mismo modo, tampoco puedo dejar de pensar en ese bebé, cuya primera experiencia de vida implica la separación de la mujer que lo gestó durante nueve meses. Independientemente de la postura que cada uno tenga frente a la gestación subrogada, creo que esa dimensión humana merece ser escuchada.